PREAMBULO

El presente Documento tiene su origen en la necesidad de establecer un marco estratégico para la gestión integral y coordinada de los residuos, garantizando la protección de la salud humana, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

Es misión fundamental, garantizar una actuación coordinada y eficaz entre las distintas Administraciones Públicas en materia de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. A tal efecto, este Plan se erige en el eje para la coordinación de las actuaciones de la Generalitat y de las entidades locales, actuando como instrumento básico de planificación, control, coordinación y racionalización de todas las acciones relativas a los residuos generados o gestionados en la Comunidad Valenciana.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 202/1997, de 1 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, su tramitación corresponde0 a la Consellería de Medio Ambiente y su aprobación definitiva se deberá realizar mediante Decreto del Consell de la Generalitat.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 202/1997, el Plan ha sido aprobado inicialmente por el Conseller de Medio Ambiente mediante Resolución de 14 de julio de 1997, iniciándose los trámites previstos en el artículo 2.2 del citado Decreto. Dichos trámites incluyen la exposición pública del proyecto de P.I.R. durante dos meses, así como dar audiencia a instituciones y organismos a fin de recabar su opinión y sugerencias respecto del contenido del Plan.

Durante el proceso de información pública y audiencia se han recibido 64 alegaciones, a las que hay que añadir otras 32 alegaciones presentadas fuera del plazo establecido. No obstante, dada la importancia de la participación pública en esta materia, se han considerado todas las alegaciones recibidas, incluyendo las que se han presentado fuera de plazo. Ello hace que el período de exposición pública prácticamente haya durado cuatro meses.

Este documento del P.I.R. surge como consecuencia del análisis de las alegaciones presentadas y de la incorporación al Plan de aquellas cuestiones que, de acuerdo con el informe de alegaciones anexo, han sido admitidas, modificando el documento aprobado inicialmente.

Cabe añadir ,a demás que el Plan Integral tendrá la naturaleza de Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de los previstos en la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.

Los objetivos que, inicialmente, deberá cumplir el Plan Integral se pueden sintetizar en:

- Desde una perspectiva económica:

 

- Desde una perspectiva ambiental:

0. INTRODUCCIÓN

0.1 FUNDAMENTOS DEL PLAN

La Política Medioambiental de la Generalitat Valenciana en relación con la generación de los residuos, ha establecido la necesidad de realizar un Plan Integral de Residuos (P.I.R.) de la Comunidad Valenciana.

Se incluyen dentro del ámbito de aplicación del P.I.R. los residuos que se originen o se gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, producidos como consecuencia de:

La realización de un Plan Integral se justifica en el objetivo básico de obtener una configuración de una red integrada de instalaciones delimitando la gestión de determinados residuos a instalaciones y localizaciones concretas.

Este Plan Integral queda fundamentado por un conjunto de disposiciones legales que lo amparan. La primera y más importante es el propio Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que en su artículo 32.6, determina la competencia de desarrollo legislativo en el marco de la legislación básica del Estado, sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalitat Valenciana para establecer normas adicionales de protección. En este marco, mediante Decreto 4/1997 de 26 de Febrero del Presidente de la Generalitat Valenciana, se le asignan competencias a la Consellería de Medio Ambiente, en materia de gestión medioambiental incluyéndose las relativas a residuos.

Más concretamente, el Decreto 202/1997, de 1 de julio, viene a regular específicamente la tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, estableciendo su régimen legal y definiendo el marco en el que este instrumento de planificación va a operar, así como su vigencia que será indefinida.

Por otra parte, la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana establece como instrumento de Ordenación del Territorio los Planes de Acción Territorial, cuya finalidad es la compatibilización y coordinación de políticas sectoriales y urbanísticas a nivel supramunicipal. Así pues, la Consellería de Medio Ambiente, viene a formular el presente Plan de Acción Territorial en materia de Infraestructuras de Tratamiento de los Residuos en la Comunidad Valenciana.

Las funciones de los Planes de Acción Territorial, de carácter sectorial, que se definen en la sección tercera de la citada Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana, son:

Los Planes de Acción Territorial de carácter sectorial se tramitarán (art. 54) por las distintas Administraciones Públicas y serán aprobados por el Consell de la Generalitat, previa audiencia de la Consellería de Obras Públicas Urbanismo y Transporte, conforme al trámite previsto en las disposiciones legales aplicables por razón de su naturaleza.

Profundizando en los fundamentos de este Plan Integral, como Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial, debe ser un instrumento capaz de integrar y armonizar una serie de aspectos relativos a la gestión de residuos. Todo ello mediante:

Además de esta legislación autonómica, hay que añadir el Real Decreto Legislativo 1163/86, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/75, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, el cual establece en su artículo 11 que corresponde a las Comunidades Autónomas formular planes de gestión de residuos en su ámbito territorial, de acuerdo con las previsiones de esta ley y el Plan Nacional de Gestión de Residuos, siendo dichos planes de obligado cumplimiento para Entidades públicas y privadas. Finalmente, hay que considerar la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, que establece una normativa de marcado carácter preventivo que se refleja en este Plan.

A esta legislación específica de residuos hay que añadir la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que determina como competencia de las Diputaciones Provinciales la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, y más concretamente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes a los que compete la recogida de los R.S.U., pero no su tratamiento.

 

 

0.2 OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PLAN

Dentro del ámbito de sus competencias en materia de ordenación del territorio y de protección del ambiente, la Generalitat Valenciana elabora este Plan Integral de Residuos como instrumento básico de planificación, control, coordinación y racionalización de todas las acciones relativas a los residuos generados o gestionados en la Comunidad Autónoma Valenciana.

El objetivo primordial del Plan es tratar de dotar a las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana de un instrumento en desarrollo de las prescripciones de la Unión Europea en materia de residuos, permitiendo controlar, coordinar y racionalizar todas las acciones que en materia de residuos se emprendan.

Así, los objetivos básicos del Plan Integral de Residuos se pueden sintetizar en:

 

 

Los principios básicos en los que se ha apoyado la realización del Plan Integral son:

Además de estos principios, el Plan Integral se ha realizado desde la necesidad de cumplir los objetivos que subyacen desde una nueva concepción de la gestión de los residuos, en este orden de jerarquías:

  1. Minimización: Conjunto de medidas destinadas a reducir la producción de residuos o la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos.
  2. Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos. En todo caso estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el ANEXO II B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE de 24 de Mayo.
  3. Eliminación segura: todo procedimiento dirigido a darle un destino final a las fracciones residuales no valorizables, bien por vertido controlado, o bien por destrucción total o parcial. En todo caso estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en el ANEXO II A de la Decisión de la Comisión 96/350 CE de 24 de Mayo.

 

 

0.3 AMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN

El presente Plan Integral de Residuos Sólidos será de aplicación en la totalidad del territorio que conforma la Comunidad Valenciana, afectando a todo tipo de residuos incluidos en el ámbito de afección de la Ley 20/1986 de Residuos Tóxicos y Peligrosos y de la Ley 42/1975 sobre desechos y residuos sólidos urbanos. Quedando exluidas:

A continuación se definen los residuos a los que es de aplicación el contenido de este Plan Integral:

Los Residuos Sólidos Urbanos, según la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre deshechos y residuos sólidos urbanos (art. 2.1), son aquellos que son producidos como consecuencia de las actividades y situaciones siguientes:

 

- Domiciliarias.

- Comerciales y de servicios.

- Sanitarias en hospitales, clínicas y ambulatorios.

- Limpieza viaria, zonas verdes y recreativas.

- Abandono de animales muertos, muebles, enseres y vehículos.

En general, Residuos Sólidos Urbanos, son aquellos residuos que no son especiales, que se originan en las actividades domésticas, comercios oficinas y servicios, y los producidos como consecuencia de las siguientes actividades y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los anteriores.

 

Como Residuos Inertes cualquier residuo que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas, significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio o perjudicar a la salud humana, la lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes.

Residuos Asimilables a Residuos Sólidos Urbanos, son los residuos de origen industrial y agropecuario que no son especiales, ni inertes pero que por sus características pueden asimilarse a residuos sólidos urbanos. Son, principalmente, los generados en las cocinas y comedores de empresas, por envases y embalajes de materias primas, productos consumidos y restos de producción que no tengan trazos de contaminantes como pueden ser restos de confección, hilos y restos de maderas y serrín de la industrial del mueble, restos orgánicos de la industria agroalimentaria y materia orgánica (sebo, carnazas, ...) del sector de curtido de pieles.

Se consideran Residuos Especiales cualquier material u objeto que tenga la condición de residuo y presente alguna de las propiedades que se enumeran en el ANEXO III de la Directiva 91/689/CEE. En todo caso, tendrán la consideración de residuo especial los incluidos en la lista de residuos aprobada por decisión de la Comisión 94/904/CE.

Residuos No Especiales, son los residuos de origen industrial y agropecuario que por sus características no son ni asimilables a urbanos, ni especiales, ni inertes y que sometidos a los ensayos de caracterización, según la normativa vigente dan resultado negativo.

Residuos de actividades agrícolas y ganaderas, residuos producidos en explotaciones agrícolas y ganaderas que no se utilicen exclusivamente en el marco de dichas explotaciones.

Se han incluido dentro de este grupo los siguientes residuos:

- Purines y gallinaza

- Alpechines

 

0.4 MARCO LEGAL DEL PLAN

El Plan Integral de Tratamiento de Residuos que se sintetiza en el presente documento, se redacta al amparo de la vigente Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y de lo dispuesto en el Decreto 202/1997, de 1 de julio, por el que se regula la tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.

El referido Decreto 202/1997 establece en su artículo 1 que la vigencia del Plan será indefinida, si bien la Generalitat Valenciana podrá proceder a su actualización y revisión de oficio.

El Plan Integral tiene carácter de Plan de Acción Territorial de carácter sectorial y como tal tiene por objeto fijar los criterios y orientaciones de la política de ordenación territorial de la Generalitat Valenciana, estableciendo las prioridades de las actuaciones y proyectos en materia de residuos a realizar en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

El Plan Integral incluirá las siguientes determinaciones:

0.4.1 Análisis de la Normativa Comunitaria relativa a residuos

La regulación comunitaria de los residuos se origina, al igual que sucede con todos los otros elementos integradores del medio ambiente (agua, atmósfera, fauna y flora, etc) cuando en los años 70 la entonces Comunidad Europea constata que el vacío legal y la disparidad de disposiciones medioambientales puede crear distorsiones en el mercado común. Así pues, primordialmente, es el problema económico el que obliga, tanto a armonizar la legislación ya existente como a asentar las bases de un sistema normativo común para todos los países miembros.

En un primer momento (1975), la regulación comunitaria de los residuos hace referencia a los residuos en general. Tres años más tarde, constatada la especialidad de ciertos residuos de origen industrial, se empieza a diferenciar del resto de los residuos, un determinado tipo de residuos que se denominan, en un primer momento, "residuos tóxicos y peligrosos". En fechas posteriores, una serie de normas se adentran a regular cada vez con mayor precisión el régimen jurídico comunitario de los residuos según sus características.

La Unión Europea comienza regulando los residuos en general, el 15 de julio de 1975 con la Directiva 75/442/CEE pensando, sobre todo, en que una disparidad de disposiciones aplicables en los diferentes Estados miembros podía crear distorsiones en la competencia de un mercado común y pretendiendo, al mismo tiempo, proteger la salud del hombre y el medio ambiente a través del establecimiento de un régimen jurídico comunitario para la gestión de los residuos.

Tres años más tarde, el 20 de marzo de 1978, el Consejo regula específicamente los residuos tóxicos y peligrosos con la Directiva 78/319/CEE, motivada igualmente por el hecho de que la disparidad de disposiciones, en este caso, relativas a residuos tóxicos y peligrosos de los Estados miembros pueden crear distorsiones en el mercado común y al mismo tiempo, aspirando con la regulación de estos residuos, a proteger la salud humana y salvaguardar el medio ambiente. Trece años después, el 18 de marzo de 1991, el Consejo saca a la luz la Directiva 91/156/CEE por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a residuos. El Consejo de las Comunidades Europeas considera preciso, además de garantizar la eliminación y valorización de los residuos, adoptar todas aquellas medidas encaminadas a la limitación en la producción de residuos.

En esta línea la Directiva 91/156/CEE obliga a los Estados miembros a fomentar prevención, reducción, valorización, y utilización como fuente de energía de los residuos. Unos meses después, el 12 de diciembre de 1991 el Consejo adopta la Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos con el fin de adaptar lo dispuesto por la Directiva 91/156/CEE a estos residuos. Con este objetivo define residuo peligroso (ya no se le denomina tóxico) con arreglo a un anexo que se incorpora a la Directiva (art. 1).

El 22 de Diciembre de 1994 se establece una Decisión del Consejo (94/904/CE) por la que se establece la lista de Residuos Peligrosos en virtud del apartado 4 del Artículo 1 de la Directiva 92/689/CEE. En esta decisión se aprueba como Anexo una lista de Residuos Peligrosos que presentan una o más características de las enumeradas en el ANEXO III de la Directiva 91/689/CEE y que por lo tanto está sujeto a lo dispuesto en ella. Este Plan ha tenido en cuenta esta lista de tal forma que todos los residuos existentes en la Comunidad que aparecen en la lista se han considerado como Especiales (según la terminología adoptada en el presente Plan).

Ese mismo año, se publica la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a envases y residuos de envases, cuyo objetivo es armonizar las normas sobre gestión de estos materiales con el fin de prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente, considerando como prioritarias las medidas que tiendan a evitar su generación, fomentando su reutilización, reciclado o valorización.

Del análisis de las Directivas Comunitarias sobre residuos se puede concluir que:

  1. El régimen jurídico comunitario de gestión de residuos va siempre encaminado a armonizar las disposiciones en esta materia de los Estados miembros para evitar distorsiones en el mercado común.
  2. En un primer momento no se distingue entre residuo en general y residuo peligroso y, en consecuencia, la primeras Directivas sobre residuos sólo se refieren a los "residuos" sin especificar. Con el paso del tiempo, se detecta que hay ciertos residuos que por su especial naturaleza y peligrosidad necesitan una regulación particularizada y, consecuentemente, a las Directivas que ya existen sobre residuos se les une un nuevo tipo de Directivas, que son las que específicamente regulan los residuos peligrosos-especiales.
  3. El régimen jurídico comunitario de los residuos se asienta sobre el tradicional sistema de control administrativo de los particulares ejercido por el Estado y que consiste en crear un flujo permanente de información entre el particular (gestor, productor y poseedor de residuos, en el caso que nos ocupa) y la administración competente del Estado miembro y del Estado miembro con la administración comunitaria.
  4. Los principales instrumentos administrativos de control establecidos por la regulación comunitaria de los residuos son: el otorgamiento de autorizaciones (para instalaciones de tratamiento, gestores, etc), la creación de registros (y en consecuencia de bases de datos), la elaboración de planes de gestión, la creación de redes integradas de tratamiento de residuos, y en definitiva, el establecimiento de un régimen uniforme de denominaciones, obligaciones y prohibiciones para los productos, gestores y poseedores de residuos.
  5. La evolución de la regulación comunitaria de los residuos está directamente relacionada con los avances técnicos y científicos. Dado que estos avances son continuos, también es continua la necesidad de ir adaptando a los mismos la normativa comunitaria sobre residuos.
  6. Uno de los mayores obstáculos que encuentran los expertos encargados de elaborar las Directivas sobre residuos es la definición de residuo peligroso-especial. De ahí que se cree un Comité (arts. 17 y 18 de la Directiva 91/156/CEE) encargado de elaborar una lista exhaustiva y obligatoria de residuos peligrosos-especiales.

 

A continuación se muestra una relación de la Normativa Comunitaria en materia de residuos y contaminación atmosférica:

 

0.4.2 Análisis de la Normativa Estatal relativa a residuos

El ordenamiento jurídico español relativo a la gestión de los residuos sólidos arranca en la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. No obstante, esta ley, por su antigüedad, no recoge las disposiciones emanadas del Consejo de las Comunidades Europeas; por esta razón se está elaborando el Proyecto de Ley Básica de Residuos. Ello hace innecesario, a los efectos de este Plan, realizar un análisis pormenorizado de su contenido; sobre todo si, además, se tiene en cuenta la nueva Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana. En consecuencia, a nivel estatal, el análisis de la legislación se va a concentrar en la Ley 20/1986.

La Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (Ley 20/1986, de 14 de mayo), vino a llenar de forma indudable un vacío legal en la materia, pues resultaba evidente que junto a la existencia de residuos industriales que por sus características específicas permitían la equiparación en cuanto a su régimen jurídico a los de origen doméstico, sometidos en consecuencia a la Ley 42/1975 sobre recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, existía un amplio sector que teniendo origen industrial necesitaba de unas prescripciones especiales. Tal y como afirma su exposición de motivos "la política ambiental sobre residuos tóxicos y peligrosos tiene como principios básicos la prevención de posibles riesgos sobre la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente, mediante la transformación de los mismos en inocuos, evitando la transferencia de contaminación a otro medio receptor y promoviendo tanto la recuperación de las materias primas en ellos contenidas como el desarrollo de tecnologías que permitan su reutilización a la vez que disminuyan sus efectos nocivos en el medio y contribuyan por lo tanto a preservar los recursos naturales".

La Ley 20/86 transpone, por primera vez, la normativa comunitaria sobre residuos tóxicos y peligrosos, convirtiéndose de esta forma en el primer hito legislativo importante a tener en cuenta en España en este campo. Esta Ley consta de 22 artículos, una Disposición Transitoria, cuatro Disposiciones Adicionales y un Anexo (que contiene la relación de sustancias o materias tóxicas o peligrosas). Es por tanto, una Ley breve que en aplicación del artículo 149.1.23 de la Constitución desarrolla el régimen jurídico básico (es decir, todos sus artículos son directamente aplicables a Comunidades Autónomas) de los residuos tóxicos y peligrosos, sobre la base del artículo 45 también de la Constitución y las Directivas 75/319/CEE.

En la Exposición de motivos de la Ley, se pone de manifiesto que hay ciertos residuos industriales cuyo régimen jurídico es equiparable, por las características de los mismos, al de los residuos de origen doméstico (regulados por la Ley 42/1975, de Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos). No obstante, -se añade en la Exposición- dado que también existen residuos de origen industrial que representan graves riesgos para la salud humana los recursos naturales y el medio ambiente.

La aprobación del Reglamento que desarrolla la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos supuso un nuevo paso hacia adelante en la gestión de estos residuos, pues, la Ley, se limita prácticamente, a establecer unos modernos enunciados medioambientales que sólo pueden aplicarse cuando son adecuadamente desarrollados reglamentariamente.

En este sentido, la regulación introducida por estas dos disposiciones constituye un primer acierto para la protección del medio ambiente en España, pues, se establece con bastante precisión un régimen jurídico de la gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, basado, en el flujo informativo relativo a estos residuos obtenido a través del control administrativo del gestor, el productor y poseedor de residuos.

A continuación se presenta una recopilación de la legislación nacional en materia de residuos y contaminación atmosférica:

 

0.4.3 Análisis de la Normativa Autonómica relativa a residuos

Amparándose en el artículo 148 y 149.1.23ª de la Constitución y en el art.32.6 de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que estipula que en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalidad Valenciana el desarrollo legislativo y la ejecución de "la protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la Generalidad para establecer normas adicionales de protección".

A continuación se recoge una relación de la legislación autonómica más importante relacionada con la gestión de los residuos, además de la Ley de Residuos, ya comentada:

 

 

0.5 AMBITO TEMPORAL DE EJECUCION Y REVISION DEL PLAN

El Plan Integral de Tratamiento de Residuos que se sintetiza en el presente documento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 202/1997, de 1 de julio, por el que se regula la tramitación y aprobación del Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, tendrá vigencia indefinida, si bien la Generalitat Valenciana podrá proceder a su actualización y revisión de oficio.

No obstante, las actuaciones e inversiones previstas en el Plan se han realizado para un ámbito temporal de cinco años; por lo que éste debería revisarse en ese plazo, a fin de evaluar el grado de ejecución de las actuaciones previstas y evaluar los resultados del modelo de gestión propuesto; de modo que sea posible corregir las desviaciones respecto del programa establecido, así como respecto de los resultados esperados.