A nivel estatal, la gestión de los residuos viene regulada en la actualidad por la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, modificada por el Real Decreto legislativo 1163/86, y por la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, desarrollada por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. Asimismo la gestión de los residuos especiales en la Comunidad Valenciana deberá ir enmarcada en las líneas generales del Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1.995-2.000) y se verá así mismo condicionada por la gestión de este tipo de residuos que realicen las distintas comunidades autónomas con las que se tiene relación. A esta legislación hay que añadir la reciente Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. En concreto, los residuos sólidos urbanos y los inertes quedan dentro del ámbito de aplicación de la Ley 42/1975.

El cuerpo legislativo actual sobre residuos y suelos contaminados carece, todavía, de una estructuración que permita un desarrollo armónico de regulaciones específicas para determinadas corrientes de residuos que hoy día han alcanzado una incidencia ambiental destacable y precisan de una regulación acorde con sus características y formas de presentarse y, sobre todo, carece de la flexibilidad necesaria para adaptarse a los continuos cambios a los que obliga la actividad normalizadora de la Comunidad Europea.

Esas carencias han supuesto una extrema dificultad para abordar la regulación de la gestión de residuos tales como los enseres domésticos, residuos de construcción, residuos agrícolas, coches y neumáticos desechados, etc y la regulación de la descontaminación de suelos motivada por una deficiente gestión de los residuos.

Con objeto de subsanar las deficiencias señaladas, se encuentran en avanzado estado de redacción por parte del Ministerio de Medio Ambiente los estudios técnicos y jurídicos necesarios para la creación de un cuerpo legal sobre residuos que actualice el actualmente vigente, y en particular la Ley Básica de Residuos. El cuerpo legislativo en elaboración se basa en las directices establecidas en la Directiva 91/156, marco de residuos, que partiendo de una ley general, permita un desarrollo posterior para la regulación de la gestión de tipos o grupos de residuos específicos, por medio de disposiciones de distinto rango operativo.

La Ley básica, en elaboración, siguiendo la pauta marcada por la Directiva 91/156, establecerá un nuevo modelo de política de residuos consistente en el establecimiento de un marco jurídico común para todo tipo de residuos, que regirá como derecho supletorio en la materia para toda legislación subsectorial de los distintos tipos de residuos.

Por otra parte, esta Ley pretende contribuir también a la protección del medio ambiente coordinando la política de residuos con la política económica, industrial y territorial, al objeto de incentivar la reducción en origen de los residuos y dar prioridad a la reutilización, reciclado y valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión.

Con anterioridad a la aprobación de esta Ley Básica de Residuos, todavía en fase de Proyecto de Ley, ha sido promulgada la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. Esta Ley viene a incorporar las normas sustantivas de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre, relativa a envases y residuos de envases. Se estructura en siete capítulos. dedicados, los tres primeros, respectivamente, a las disposiciones de general aplicación, a fijar determinados principios de actuación de las Administraciones Públicas para fomentar la prevención y la reutilización de los envases, y a establecer los objetivos de reciclado y valorización previstos en la citada Directiva, al tiempo que se establecen unos objetivos intermedios de reciclado que deben cumplirse en el plazo de treinta y seis meses.

Para conseguir dichos objetivos, además de imponer a los fabricantes de envases la obligación de utilizar en sus procesos de fabricación material procedente de residuos de envases, salvo disposición legal expresa en sentido contrario, el Capítulo IV de la Ley 11/1997 regula dos procedimientos diferentes: En primer lugar, se establece, con carácter general, que los distintos agentes que participen en la cadena de comercialización de un producto envasado deben cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final, una cantidad por cada producto objeto de transacción y devolver idéntica suma de dinero por la devolución del envase vacío. En segundo lugar, los agentes citados deberán eximirse de las obligaciones derivadas del procedimiento general cuando participen en un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados, que garantice su recogida periódica y el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización fijados. La autorización de estos sistemas, que se formalizarán mediante acuerdos voluntarios entre dichos agentes, se otorgará por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Esta estrategia de gestión adquiere especial relevancia en el contexto en que se ha desarrollado las previsiones realizadas en este Plan Integral.

Por lo que hace referencia a los escombros y otros residuos inertes se encuentra en fase de estudio una Directiva o un Reglamento de la Comunidad Europea reguladores de los mismos a nivel de los distintos Estados miembros. En paralelo, se está elaborando a nivel español una disposición concordante para la regulación de este tipo de residuos.

En cuanto al Plan Nacional de Residuos Peligrosos citado anteriormente a continuación se adjuntan sus objetivos y líneas de actuación.

 

 

OBJETIVOS Y LINEAS DE ACTUACION DEL PLAN NACIONAL DE

RESIDUOS PELIGROSOS (1.995-2.000)

OBJETIVOS

PRINCIPALES LINEAS DE ACTUACION

  • Reducción progresiva en origen de la cantidad de residuos peligrosos generados.

Aunar voluntades sindicales y empresariales para lograr este objetivo.

Exigencia efectiva de responsabilidad tanto a los productores de residuos peligrosos como a las administraciones competentes.

Información y análisis sistemático sobre la generación de residuos peligrosos y las tecnologías disponibles para su reducción. Promoción del I+D para el fomento de la reducción.

Fomento de la reducción del uso de substancias tóxicas (medidas fiscales, financieras y legislativas).

Tratamiento ambiental correcto de los residuos generados.

Descontaminación y recuperación de suelos

Fomento de infraestructuras de tratamiento idóneas para cada tipo de residuo. Fomento de mejores tecnologías disponibles.

Fomento del reciclaje y de la reutilización.

 

 

 

 

DEFINICION DE OBJETIVOS POR PROGRAMAS

(PLAN NACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS)

  1. MINIMIZACION
  • Es posible obtener en seis años una reducción del 30% y una minimización global del 50%.
  1. INFRAESTRUCTURAS
  • En el año 2.000 todos los productores de residuos peligrosos deben cumplir la normativa en vigor y estar perfectamente identificados. También debe garantizarse el acceso de todos los residuos peligrosos que se generen a infraestructuras adecuadas desde el punto de vista ambiental y económicamente viables.
  1. RECUPERACION DE ESPACIOS CONTAMINADOS
  • Para el año 2.000 deben descontaminarse al menos 30 millones de m3 (*)

 

(*) Plan nacional de recuperación de espacios contaminados.

 

En definitiva, tanto las directivas, como las leyes y planes nacionales y autonómicos tienden a subsanar los siguientes déficits:

a) definición precisa e inequívoca del concepto de residuos: