3. OBJETIVOS DEL PLAN

De acuerdo con las orientaciones de la política comunitaria y nacional, y de la propia política de desarrollo sostenible y medio ambiente de la Comunidad Valenciana, el modelo futuro de gestión de los residuos deberá responder a los siguientes objetivos generales:

El Plan responde, en todo caso e invariablemente, a los principios de máxima prevención, reciclaje de la materia inorgánica y compostaje de la orgánica. El Plan asume los principios de Autosuficiencia, en cuanto a la creación de una red integrada de instalaciones de eliminación de residuos que permita a la Comunidad Valenciana ser autosuficiente en materia de tratamiento, Proximidad, en cuanto a gestionar y eliminar los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas, evitando movimientos innecesarios de residuos; y de responsabilidad compartida, de modo que todos los agentes implicados, Administración, empresas públicas y privadas y ciudadanos, trabajen de una forma concertada y en colaboración ya que sólo así podrán solucionarse los problemas planteados en la producción y gestión de los residuos.

Asimismo, el Plan responde al principio de "quién contamina paga", mediante el que se requiere que sean los beneficiarios directos del mismo los que asuman, en la medida de lo posible, sus costes, permitiendo de este modo un libre juego de las relaciones de mercado.

El principio de subsidiariedad y gestión pública/privada se aplicará teniendo en cuenta que la gestión pública y privada presentan ambas ventajas e inconvenientes, y cada una de ellas se puede adaptar mejor o peor a las distintas soluciones que se plantean desde los criterios de la multiplicidad y la flexibilidad, pero ambas deben partir de la premisa de que gestionar los residuos significa el cumplimiento de una función social, que se debe prestar asegurando la calidad del servicio y garantizando la protección del medio ambiente.

Allá donde la iniciativa privada vea una oportunidad de negocio, asegurando la calidad de la prestación, cumpliendo con los condicionantes añadidos por la exigencia de prestación de una función social (por ejemplo: extensión del servicio Productores de pequeñas cantidades), junto con las más exigentes condiciones de protección ambiental, las autoridades públicas se limitarán a delimitar el campo, junto con las reglas de juego, y velar por el cumplimiento de las mismas.

Sin embargo, son muchos los casos en los cuales la actividad relacionada con la gestión de una o más corrientes de residuos no presenta momentáneamente y por múltiples razones un atractivo económico suficiente como para llamar la atención de la iniciativa privada. Esto sucede, no pocas veces debido a la insuficiente capacidad de respuesta que presenta la propia iniciativa privada, aunque generalmente el problema suele provenir de los condicionantes económicos con los que se mueve la economía del país y la eficacia de las autoridades medioambientales de la Administración.

En este último caso, la gestión pública dentro de esta actividad cobra todo su sentido, al igual que lo tiene y sobre todo lo ha tenido en otras áreas de la actividad económica.

De todas formas una vez adoptada la gestión pública, no se suele plantear como una opción definitiva e irreversible. Muy por el contrario los poderes públicos deben de estar muy atentos a los cambios que se vayan produciendo en las condiciones de mercado y estar dispuestos a pasar a soluciones de gestión mixtas (pública-privada) o privadas, una vez que se detecte la posibilidad de un funcionamiento acorde con las reglas del libre mercado asegurando la calidad del servicio y por supuesto un funcioanmiento no monopolístico de la actividad en cuestión.

En consecuencia, no se utilizarán fondos públicos donde no sean necesarios, es decir donde se cumplan las tres funciones de los Gestores Privados como son la función social, la calidad de servicio y la respuesta al problema medioambiental, dentro de un mercado no monopolista del control de la Administración.

Finalmente concluiremos con que la participación social exigirá la realización de un notable esfuerzo en educación e información dirigido tanto a consumidores como a productores: educación general para incrementar el nivel de concienciación e información social sobre la importancia que para la sociedad en su conjunto tendrá el logro de los objetivos propuestos.

La prevención, reducción de la cantidad producida de residuos y de su nocividad para el medio ambiente, debe ser considerada como la primera y más importante opción en la política de gestión de todos los residuos, por encima de la valorización (reciclaje, reutilización, regeneración), o la eliminación segura. El progresivo agotamiento de los recursos naturales y el creciente coste del tratamiento de los residuos hacen inevitable afrontar un cambio profundo en los hábitos de producción y consumo. Uno de los modos más importantes de prevención es el fomento del uso de envases reutilizables, tal y como plantea la nueva ley de envases. Respecto a la prevención de la generación de residuos especiales se fomentará la realización de Auditorías enfocadas hacia la minimización donde se detecten las posibilidades de cada empresa y se propondrán las medidas adecuadas en cada caso particular. Algunas de estas medidas se han resumido en el plan Técnico Integral de Residuos Industriales.

La recuperación de los residuos y su posterior valorización es, después de la prevención, la opción prioritaria para la gestión moderna de los residuos en la consecución del objetivo general de disminuir el flujo de residuos a vertedero. La valorización es beneficiosa, no sólo por su efecto económico, sino por el ahorro energético que supone, su bajo impacto sobre el medio ambiente y por ser una práctica generadora de empleo. Además, constituye una actividad inductora de un fuerte compromiso ambiental de la población y estimuladora de pautas sociales de corresponsabilidad.

Para lograr una recuperación y valorización eficiente de los residuos, será necesario realizar una separación en fracciones en origen junto con la implantación de un eficaz sistema de recogida. Estos conceptos de separación y recogida selectiva son aplicables para todos los tipos de residuos objeto del Plan. Debido a esto en cada modelo de gestión para los distintos grupos de residuos se han propuesto las infraestructuras y sistemas de gestión particulares en función de las características propias de cada residuo. El reciclaje y valorización de los residuos han de estar basados en el mercado. De lo contrario se corre un grave riesgo de tener que incurrir en inversiones y costes de explotación excesivamente gravosos que pueden conducir al deterioro o abandono del sistema.

En cuanto al tratamiento final de los RSU tanto las fracciones no valorizables procedentes de la recogida selectiva como los "rechazos" de las plantas de tratamiento y los residuos generados en las unidades de gestión de tamaño insuficiente para hacer viable la recogida selectiva, deberán ser depositados en vertederos sanitariamente controlados. A este respecto, el déficit actual de instalaciones adecuadas de vertido exigirá un esfuerzo particular en este capítulo.

El tratamiento final de los residuos industriales y en particular los denominados Especiales y No Especiales se realizará atendiendo al concepto de Flexibilidad y Multiplicidad de soluciones. Las soluciones de tratamiento pueden y deben ser múltiples como múltiples son las corrientes de residuos. En principio se tomarán en consideración todas las soluciones que siendo aceptables desde el punto de vista medioambiental sean tecnológicamente viables. Asimismo las soluciones serán flexibles de manera que se facilite al máximo su adaptación.